Sin sorprendernos, nos enteramos
que una vez más quieren modificar la ley 7722 para hacerla más flexible. Y es
que esta ley, que se sancionó en 2007 por presión del pueblo de Mendoza que
despertaba ante la amenaza de la megaminería, es una traba real y concreta al
avance de las empresas megamineras. En primer lugar, porque prohíbe la
utilización de sustancias tóxicas en la actividad minera, y en segundo lugar,
porque establece que los proyectos deben someterse a ratificación legislativa
(instancia donde San Jorge fue rechazado).
Decimos una vez más, porque desde
su sanción esta ley ha sido blanco de constantes ataques de funcionarios y
empresas mineras, tal es así que aun hoy tiene once pedidos de
inconstitucionalidad que la corte mendocina no ha resuelto. Y no se trata del
caso aislado de Mendoza, sino que a lo largo del territorio nacional se han ido
derogando sistemáticamente las leyes provinciales similares a nuestra 7722, en
una clara estrategia por liberar de “trabas legales” a estas empresas, como son
los casos de La Rioja y Rio Negro.
Lo que más nos indigna es la
estrategia del gobernador para desligarse del problema político que representa
la megaminería en nuestra provincia. Problema tan grande que obligó al por
entonces candidato a llamar a rechazar el Proyecto San Jorge a meses de las
elecciones. Lo obligó a desarrollar una campaña prometiéndole a todos los mendocinos
que no se avanzaría con esta actividad por sobre un pueblo entero que se
movilizó para que ni San Jorge ni cualquier otro proyecto se instalara en nuestra
provincia. Lo obligó a responder que “se respetaría la plena vigencia de la ley
7722”en cada nota donde le preguntaron por el tema minero.
Ya electo gobernador, y con
vistas a una reelección, manifestarse abiertamente promotor de estas empresas mineras
es un costo político muy grande en una provincia que ya decidió no dejarlas
entrar. Por eso recurre a intendentes, legisladores y ministros para dar la
cara en estas decisiones poco populares entre los mendocinos. Asimismo, se nos
presentan falsas disputas al interior del PJ sobre el tema minero, en las
cuales el gobernador siempre queda bien parado.
Por eso, como mendocinos que
fuimos testigos de promesas electorales, exigimos
que la ley 7722 se mantenga tal cual fue sancionada. Y advertimos que no
vamos a permitir que traicionen al pueblo nuevamente. Si ya se movilizó la
provincia entera para lograr su sanción, nos movilizaremos el doble si
pretenden seguir adelante con intenciones de modificarla. No vamos a repetir las razones que nos llevan
a tomar esta postura por la cual nos han tildado, entre muchas otras cosas, de
fundamentalistas. En todo caso, fundamentalistas son todos aquellos que
quieran imponerle al pueblo este modelo de saqueo y contaminación a cualquier
precio, pasando por encima de cualquier tipo de legislación que proteja a sus
ciudadanos.
Porque seguimos luchando, atentos
y movilizados, y el pueblo no olvida ni perdona estas traiciones.
¡Estamos alerta!
¡Plena vigencia de la ley 7722!
¡No a San Jorge, no a la explotación de uranio!
¡Fuera VALE de Mendoza y de Argentina!
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